La diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (PAN) impulsa una iniciativa para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinen a fin de garantizar de manera efectiva, inmediata y obligatoria a niñas, niños y adolescentes tratamientos correspondientes a enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/sida y otras de transmisión sexual.
La propuesta de reforma a la fracción X del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que el objetivo es hacer explícito que el tratamiento sea obligatorio e inmediato.
En su exposición de motivos, menciona que aunque se busca solucionar principalmente el problema de la falta de medicamentos y atención especializada a menores con cáncer, eso no significa que las demás enfermedades sean menos importantes.
Garantizar medicamentos con acceso inmediato traerá grandes beneficios a México, al sector salud y al económico, ya que al evitar y reducir la mortalidad o atacar las enfermedades en sus etapas tempranas, permitirá que los sujetos de derecho de la presente propuesta aporten en un futuro al sector productivo, generando mayores ingresos al país, considera.
Advierte que, según datos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA, el cáncer infantil es la primera causa de muerte en menores de entre cinco y 14 años, por lo que anualmente fallecen alrededor de dos mil menores de edad.
Relata que cada 90 minutos se detecta un nuevo caso de la afección, y al año se diagnostican más de cinco mil nuevos casos en menores de 18 años, de los que aproximadamente el 52 por ciento es algún tipo de leucemia.
El mismo organismo señala que en México existen más de 60 Unidades Médicas Acreditadas para la atención del cáncer infantil; sin embargo, solo hay alrededor de 165 oncólogos pediatras, 35 hematólogos, 35 cirujanos oncólogos 10 radioterapeutas y cinco psico-oncólogos, lo que resulta insuficiente teniendo en consideración la cantidad de casos diagnosticados por año.
Es de conocimiento público que los tratamientos y los estudios clínicos para la detección, control o curación del cáncer es altamente costoso, y se estima que por niño el gasto aproximado de un tratamiento con quimioterapias es de un millón de pesos, sin contar gastos de comida y transporte, precisa.
Ante este panorama, es necesario y urgente garantizar que se les dé un tratamiento obligatorio, efectivo y de calidad, así como inmediato a estos grupos, ya que mientras más pronto se inicie el combate a su enfermedad, mayor probabilidad hay de supervivencia.
Aclara que la reforma no se hace a la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, especializada en este tema, sino tiene como meta que otros infantes y jóvenes con padecimientos respiratorios, renales, gastrointestinales, epidémicos, cáncer, VIH/sida y demás enfermedades de transmisión sexual gocen del mismo derecho de acceso a tratamientos oportunos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen.
