La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, consideró que emprender una reforma al Poder Judicial requiere analizar de manera integral el papel que juegan no sólo los jueces, magistrados y ministros, sino también las policías civiles, la Guardia Nacional y los ministerios públicos.
Al participar en el 15º Foro Regional y cierre del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado por el Poder Judicial, dijo que es urgente para la nación contar con una agenda de seguridad y justicia integral, que brinde certeza a la ciudadanía, proteja los derechos humanos y genere una correcta y coordinada colaboración entre las autoridades e impartidores de justicia.
Celebró la realización de estos encuentros a nivel regional y federal, sobre todo en esta coyuntura de la actual discusión de la reforma del Poder Judicial, en donde el diálogo debe de ser el mecanismo para tender los puentes de entendimiento entre todos los poderes.
“Estoy segura que los resultados alcanzados en este ejercicio serán de gran utilidad para toda esta discusión que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados, y que servirá para construir una reforma integral a la altura del Estado mexicano”, afirmó.
Guerra Castillo detalló que la seguridad pública y la impartición de justicia son dos pilares fundamentales de la democracia que se encuentran interconectados y su correcto funcionamiento es crucial para mantener el Estado de derecho.
La diputada Marcela Guerra precisó que el alto porcentaje de percepción de inseguridad trasciende al Sistema de Justicia cuando los delitos quedan impunes, cuando los procesos judiciales son muy largos, costosos y complicados, y cuando las víctimas no reciben una reparación justa al daño recibido.
Por ello, enfatizó, es relevante impulsar espacios de diálogo institucional para la reflexión, la evaluación y el diagnóstico del sistema de seguridad, la procuración e impartición de justicia, “y este Encuentro Nacional, impulsado por el Poder Judicial, se convierte en un ejercicio plenamente democrático y necesario para formular propuestas concretas en las que se planteen estrategias y acciones en beneficio de la ciudadanía”.
En el año 2024, dijo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el Inegi, advierte que el 61 por ciento de la ciudadanía considera que es inseguro vivir en su ciudad por la delincuencia; el 69 por ciento manifiesta sentirse inseguro en los cajeros automáticos; el 64 por ciento, en el transporte público; el 54 por ciento, en las carreteras, y el 53 por ciento, en los bancos. La cifra de delitos no denunciados alcanza el 92 por ciento. “Esta falta de denuncias se agrava con la impunidad”.
La Encuesta sobre Percepciones de Impunidad 2023 indica que la mayoría de las personas entrevistadas considera que nunca o casi nunca los responsables de un delito son llevados a un juez. El 10 por ciento considera que los agentes del Ministerio Público no investigan los delitos; el 9 por ciento, que los policías no detienen a los delincuentes, y el 11 por ciento, que los jueces muchas veces liberan a los delincuentes.
