El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución Política, con el objetivo de incluir el delito de corrupción inmobiliaria dentro del catálogo en el que el Ministerio Público puede solicitar prisión preventiva oficiosa, al considerar su gravedad y las consecuencias sociales que genera.
El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, plantea que la medida busca evitar que los responsables eludan la justicia. Precisa que la corrupción inmobiliaria se manifiesta en la colusión entre servidores públicos y desarrolladores para obtener adjudicaciones directas en cambios de uso de suelo, realizar compraventas ilegales de tierras ejidales, autorizar construcciones sin permisos o comercializar inmuebles sin cumplir con la normatividad.
De acuerdo con el legislador, estas prácticas han detonado fenómenos como gentrificación, desplazamiento de comunidades, encarecimiento de la vivienda y desigualdad social, además de pérdidas millonarias en contratos con inmobiliarias y problemas en el abastecimiento de recursos.
Mejía Berdeja señaló que las comunidades más afectadas son mujeres jefas de familia y personas mayores, quienes carecen de recursos para defender su patrimonio y enfrentan despojos sin acceso a representación legal adecuada. Ejemplificó con el caso de Querétaro, donde el costo promedio de la vivienda alcanza los 2 millones de pesos y en su municipio los 3 millones, mientras que en 2015 el precio nacional era de alrededor de 1 millón, lo que refleja un encarecimiento acelerado.
La iniciativa prevé que, en un plazo de 90 días, el Congreso realice las adecuaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para incluir este delito, y que los servidores públicos y particulares que en los últimos 180 días hayan incurrido en estas conductas sean sujetos de investigación. Asimismo, establece que el Ejecutivo federal y la Fiscalía General de la República deberán emitir lineamientos de capacitación para personal de obra, procuración de justicia y notariado en materia de corrupción inmobiliaria.
Finalmente, la propuesta dispone que la Fiscalía rinda un informe anual público sobre los casos iniciados, sanciones aplicadas y mecanismos de prevención implementados.
