En sesión presencial, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC fijaron su postura en torno al dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de áreas y empresas estratégicas.
La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (Morena) expresó que la reforma en nada tiene que ver con hacer a un lado el capital de inversión; nunca se ha quitado el derecho a invertir al sector privado, simplemente se está cambiando el despacho, pues antes primero se les daba la opción de sacar las energías limpias y después a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como en los ciclos combinados y en las subastas. “Se está modificando en beneficio del pueblo mexicano”.
Alma Rosa de la Vega Vargas, diputada de Morena, expuso que lo que hoy se discute es un paso decisivo a la recuperación del patrimonio nacional y el fortalecimiento del bienestar social; por ello, se debe reconocer la importancia de que el Estado mantenga el control sobre las empresas públicas y así asegurar que esas actividades se regulen por ley. Es esencial que el interés público prevalezca sobre los particulares, pues la energía eléctrica no solo es un recurso sino pilar del desarrollo social y económico.
El cambio constitucional requerirá de subsidios que aumentarán el gasto público
Del PAN, el diputado César Augusto Rendón García señaló que el cambio constitucional refuerza el control estatal y genera grandes retos por las dificultades económicas y operativas de esas empresas; serán dirigidas por el Estado, sin autonomía de gestión, marco jurídico ni patrimonio propio. Además, elimina el enfoque de rentabilidad y competitividad, compromete la autosuficiencia económica, genera un deterioro en la calidad de servicios, disminuye la inversión, la innovación y la modernización, lo que se traduce en mayores subsidios que aumentarán el gasto público.
La diputada María Angélica Granados Trespalacios (PAN) manifestó que la figura jurídica de empresa pública del Estado deja en el misterio cómo operará en los hechos; centraliza la conducción de la energía en el Ejecutivo, regresa el monopolio, destruye el mercado de la energía y desincentiva la inversión, la competencia, el desarrollo tecnológico y la transición energética. “No será un modelo basado en las mejores prácticas y la competencia, sino uno en el que faltarán la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la operatividad de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de CFE”.
Se busca fortalecer a la CFE y a Pemex
Por el PVEM, el diputado Carlos Alberto Guevara Garza consideró que uno de los principales propósitos de la reforma es devolverle a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos su carácter de empresas públicas para fortalecerlas y que sean palancas de desarrollo y garantes de los recursos de la nación, y que el gobierno puede incidir en la administración de éstas entidades de forma directa o indirecta para asegurar que se proteja el interés nacional público y cumplir con la responsabilidad social.
José Luis Durán Reveles, diputado del PVEM, destacó que el dictamen pretende implementar a gran escala las energías renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica y la geotérmica, así como asegurar que el uso de fuentes tradicionales, como los hidrocarburos, se realice de manera eficiente y menos contaminantes. “La transición energética no se trata solo de cambiar las fuentes de energía, sino implica repensar todo el ecosistema de producción, distribución y consumo”.
La reforma permite que CFE participe en energías limpias
El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) puntualizó que aprobarán las reformas porque rescatan a la Comisión Federal de Electricidad. Planteamos, dijo, devolver al Estado una economía mixta y de bienestar, porque no hay forma de garantizar el acceso a la luz como un derecho humano y universal, si no se controla a la CFE. Las reformas dan la oportunidad a los privados para que produzcan el 44 por ciento y a CFE el 56 por ciento.
Lilia Aguilar Gil, diputada del PT, indicó que la energía le pertenece al pueblo, no al oligopolio internacional y no debe estar en manos de privados y menos en control de los monopolios. Las reformas no sectorizan el tema energético sólo para el gobierno; simplemente permiten que la CFE tenga participación de 56 por ciento e intervenga en el tema de energías limpias. “Venimos a hacer un planteamiento de nación más allá de embustes y enredos”
Violenta principios constitucionales en materia de derechos humanos
A su vez, el diputado Mario Zamora Gastélum (PRI) aseguró que el dictamen violenta los principios constitucionales en materia de derechos humanos, por lo que al aprobarlo “generaríamos contradicciones entre disposiciones nuevas y las ya establecidas, ya que no existe jerarquía legal entre los artículos constitucionales. Varias de las disposiciones planteadas no podrán prevalecer sobre los derechos fundamentales, debido a que resultan regresivas y estamos trastocando tratados comerciales con nuestros principales socios, como son los Estados Unidos”.
Yerico Abramo Masso, diputado del PRI, subrayó que no hay evidencia científica ni empírica del resultado de lo que podrá ser este dictamen y no se habla del saneamiento financiero de Pemex ni de CFE, y de cómo se resolverá el problema de la generación y la distribución eléctrica para que sea garantizada. Además, no se habla de generar las condiciones para transitar a un modelo de energía sustentable y limpia, ni cómo poder darle tarifas más competitivas y económicas al sector residencial, a los usuarios y al sector industrial.
Necesario, garantizar energías limpias para la población
De MC, la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que el primer paso para consolidar la seguridad energética debería ser fortalecer las capacidades estatales, darle herramientas a la empresa del Estado para que pueda generar electricidad más limpia y menos costosa. “No acompañaremos la reforma y mantendremos nuestro compromiso con las próximas generaciones, con el desarrollo sustentable del país y con la responsabilidad global de hacer frente a las amenazas del cambio climático”.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez señaló que en las reformas no se establecen los detalles de cómo se va a regular la inversión privada; hay limitación en la competencia privada, coloca en una sola persona la fijación de la política energética y el control del sistema, y no hay definición de la empresa pública. “México necesita un país competitivo en energías limpias. Es una reforma tóxica y tiene una pobreza energética”.
Gustavo Adolfo De Hoyos Walther, diputado de MC, indicó que el sector público no puede asumir el reto eléctrico solo; los cambios que se proponen imposibilitarían la inversión privada, al imponer el predominio de la Comisión Federal de Electricidad y define un sistema eléctrico orientado en la seguridad en lugar de la eficiencia. Las modificaciones retrasarían las inversiones y detonarían conflictos nacionales e internacionales, al afectar el acuerdo del T-MEC y los consumidores amparados enfrentarían incertidumbre.
