Integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), así como académicos, abogados y representantes de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en Saltillo, Coahuila, externaron posturas sobre el tema “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”, como parte del octavo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, enviadas por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.
La reforma favorece la separación de poderes
La consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, expresó que la reforma al Poder Judicial fortalece su independencia y el principio rector de la separación de los poderes. También, democratiza el acceso a la función judicial, sustenta en la voluntad soberana del pueblo el nombramiento de los jueces y acota la permanencia en los cargos, con lo que se evita la generación de espacios de influencia, autoritarismo, privilegio y corrupción.
Indicó que los cambios al sistema judicial no pueden limitarse a la transformación de los órganos y competencias de los tribunales que integran la Judicatura tanto nacional como local, y precisó que se requiere brindar a los solicitantes de apoyo jurídico un servicio de calidad, suficiente y eficaz. La defensoría pública deberá pasar de una simple y oscura dependencia a un activo fundamental que coadyuve a la mejora del sistema judicial.
Agregó que, en el marco de una reforma estructural y profunda del sistema judicial, el papel del abogado es de gran importancia porque es un baluarte de la defensa y gestión de los derechos de las personas.
Por ello, añadió, los colegios de abogados están llamados a ser caja de resonancia de los problemas para contribuir al adecuado y eficiente desempeño profesional de sus integrantes. Es “inmenso el reto, pero debemos confiar en que las organizaciones de abogados sabrán adecuarse y ser colaboradores para ser una nueva historia de justicia”.
El Poder Judicial no investiga delitos
El magistrado y consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo Martínez, insistió en que el Poder Judicial no investiga delitos ni está encargado de la procuración de justicia, esa responsabilidad recae en el Ministerio Público, cuya labor investigadora se aleja mucho de lo que se requiere para sustentar una sentencia de condena para el delincuente, “pero lamentablemente esa ineficiencia de las fiscalías se ha atribuido históricamente al Poder Judicial de la Federación”.
Señaló que el discurso de culpabilidad hacia el Poder Judicial “no solo es injusto”, sino que desvía la atención de los verdaderos problemas que definitivamente no se solucionan extinguiendo una institución como es el Consejo de la Judicatura Federal, que durante casi 30 años ha sido un garante de la independencia y de la carrera judicial, “y mucho menos despidiendo de la noche a la mañana a todos los juzgadores federales y locales bajo el argumento de que con esto, todos los problemas estructurales de seguridad y justicia se van a solucionar”.
Nosotros, dijo, “no necesitamos una reforma en los términos propuestos, lo que necesitamos es una reforma que fortalezca a organismos internos como la defensoría pública para acercar la justicia a la gente”.
Se manifestó por contar con un presupuesto suficiente y seguro para ampliar y capacitar a la plantilla de defensores públicos y asesores jurídicos, con el fin de atender a los usuarios de primer contacto, a las personas imputadas y a los más de 74 mil servicios de asesoría gratuita.
Ninguna defensa es efectiva frente a una Judicatura temerosa
Taissia Cruz Parcero, magistrada de circuito y directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), expresó que en México la defensa pública y de calidad es un derecho de todas las personas; el IFDP cuenta con autonomía técnica y de gestión, laboran más de 3 mil personas, de las cuales 874 son defensoras especializadas en materia penal y 316 son asesoras jurídicas.
Indicó que de 2023 a abril de 2024 atendieron a más de 74 mil personas en asuntos penales y casi 60 mil en el área de asesoría jurídica, principalmente personas adultas mayores, con discapacidad e indígenas migrantes, así como niñas, niños, adolescentes. Además, la paridad salarial entre fiscalías y defensorías no es un principio constitucional cumplido.
“Es preocupante el posicionamiento de un discurso que erosiona la confianza de las personas en los tribunales y que tiene como efecto perverso anular el gran valor de principios constitucionales básicos como: legalidad, debido proceso, imparcialidad, separación entre jueces y acusación, presunción de inocencia, libertad persona y proporcionalidad de personas. Ninguna defensa puede ser efectiva frente a una Judicatura temerosa. Sin independencia judicial no hay defensa”, añadió.
Con el interés de mejorar los derechos de acceso a la justicia y una adecuada defensa, planteó reformar el artículo 73 constitucional para que el Congreso de la Unión emita una Ley General que homologue los servicios de defensa pública en materia penal y en todas las demás materias, establezca la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las Federación y las entidades federativas, garantice la autonomía técnica y se aseguren las asignaciones presupuestales para cumplir con la paridad salarial, además de tener personal suficiente y capacitado.
Problemas en el sistema de justicia
El coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Ricardo Antonio Silva Díaz, señaló que los problemas centrales del sistema de justicia son los retrasos y demoras en la solución de conflictos, pues los formalismos impiden resolver de manera eficaz. “Aunque el origen del problema se ha apuntado dentro del Poder Judicial a la corrupción, al nepotismo y al acoso sexual, eso es solo una parte y la descomposición del sistema depende de muchos factores.
Mencionó que existe un vacío respecto a la vigilancia de la profesión y los colegios de profesionistas no cuentan con las herramientas normativas suficientes para poder evaluar e incentivar el adecuado ejercicio de la profesión. La propuesta de reforma al artículo 17 constitucional para imponer plazos fatales en la justicia, no va a brindar soluciones y sólo llevará a privilegiar los formalismos frente al fondo de la controversia.
La defensoría no debe ser la herramienta de ningún poder
Sandra Lucía Rodríguez Wong, candidata al doctorado en Derecho Constitucional y catedrática de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, afirmó que la defensoría no debe ser herramienta de ningún poder, sino un baluarte de la democracia. Consideró imperativo implementar un sistema de formación continua para defensores que garantice su competencia y compromiso.
Comentó que es crucial fomentar una cultura de prevención y conciliación. Opinó que es esencial asegurar que la defensoría cuente con recursos suficientes para que su funcionamiento sea independiente de influencias políticas de cualquier tipo. “La falta de recursos trae problemas operativos como la falta de personal para atender asuntos”.
Defensoría pública, primer contacto con las y los ciudadanos
El director General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, Sergio Arturo Valls Esponda, apuntó que la defensoría pública es muchas veces el primer contacto con las y los ciudadanos que están en la angustia, en el infierno de un conflicto; por eso estimó que ahí es donde se debe hacer un diagnóstico certero, porque es lo que le hace falta al sistema de justicia.
Sostuvo que no puede ser que todos los conflictos se estén resolviendo en los juzgados, “eso es lo que nos tiene las tuberías procesales atascadas, necesitamos diagnóstico de conflicto eficiente”. La defensoría de oficio debe ser uno de los primeros respondientes; de ahí que se requiere dotar de herramientas, destrezas y habilidades de la mediación, y hacer ese primer diagnóstico que pueda dirigir y gestionar cada uno de los conflictos.
Regular la colegiación
Juan Guillermo Ávila Sarabia, integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Nuevo León, destacó la importancia de integrar en la reforma la colegiación obligatoria para los egresados de las carreras de derecho, es decir regular normativamente a todos los colegios de abogados. “Es algo que hemos tratado de impulsar y conminamos a que, como parte de la reforma judicial, se integre”.
Opinó que no se puede contemplar una verdadera reforma a la impartición de justicia sin que exista una ley que regule la abogacía y a todos los actores; “debemos ponernos límites, pero también tener derechos “para ejercer la defensa de la defensa”. No hay una norma o límites de restricciones que digan hasta dónde debemos actuar o no, hay estados en donde no existen aranceles para regular los cobros de abogados”.
Que no termine la carrera judicial
En representación de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Diana Berenice López Gómez, comentó que se ignora a los trabajadores y no se les da la oportunidad de expresar su sentir real; sí han invitado a los líderes y a quienes forman la cúpula, pero “nosotros somos los que hemos resentido los recortes presupuestales. Estamos indignadas e indignados porque están poniendo en la misma bolsa al Poder Judicial de la Federación y a las fiscalías”.
Indicó que el proyecto de reforma no tiene una separación real ni un estudio verdadero respecto de lo que hacen las fiscalías, el Poder Judicial local y el Poder Judicial de la Federación. “No queremos que se termine la carrera judicial. Nosotros no tenemos acceso a los partidos políticos y trabajamos más de 12 horas continuas. Somos personas patriotas, no somos corruptos. Queremos que nos incluyan, no se trata de prestaciones, sino de profesionalizar”.
Abrir las especializaciones jurídicas
Rogelio Rodríguez Garduño, analista jurídico y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, planteó abrir las especializaciones jurídicas y que el Estado se haga cargo de ver que un abogado penalista sea realmente penalista, a través de “cuatro años en un juzgado, cuatro en una fiscalía, con un centro de enseñanza y una certificación que diga que ése abogado es experto en materia penal”.
Dijo que es importante crear la Defensoría General de la República con una estructura homóloga y semejante en formación y sueldos a la que tendrían los jueces y magistrados y a la Fiscalía General de la República. Necesitamos, agregó, una carrera judicial de verdad, porque “se llega a ser secretario por examen de oposición o actuario y nunca se va a ejercer, sino hasta que el juez o magistrado lo designe”.
Tumbar la carrera judicial no es idóneo
El titular del Área de Derecho Administrativo de Martínez Arrieta Abogados, Olmo Guerrero Martínez, comentó que los jueces también deben estar a debate técnico, así como los abogados litigantes, postulantes y el público en general. “Se busca reformar al Poder Judicial, pero temas como las fiscalías siguen estando olvidados en el debate; hasta que no se ingresen, no se puede tener una solución a medias”.
Sugirió que tumbar la carrera judicial no es idóneo en términos generales cuando se tiene el problema que actualmente los puestos más altos, cuya elección no requiere de carrera judicial; “es un error poner la elección para todos los jugadores, pero hay que elevar los aspectos técnicos”.
La iniciativa presidencial parte de una premisa falsa
José Guadalupe Méndez de Lira, en representación de los trabajadores del PJF, señaló que, como gremio de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas, “repudiamos la iniciativa presidencial” porque “parte de una premisa falsa para sostenerse”, la cual se apoya en que este poder es corrupto, lleno de nepotismo e influyentísimo. “Nos duele que nos hagan ver como corruptos, nos duele que no reconozcan nuestro trabajo”.
Defendió el derecho a ser juez y magistrado mediante la carrera judicial. La reforma judicial requiere de muchas reflexiones, “no intenten sacar en tres meses una reforma tan profunda”. Llamó a escuchar a la base trabajadora y todas las opiniones que se han dado de los expertos para solucionar el problema de la corrupción para que la justicia sea pronta y llegue a la gente.
