Desde Montesquieu, se estableció que el equilibrio de los poderes de la unión era la forma de evitar que el Estado volviese a centralizar el poder en un solo individuo, en detrimento de la sociedad. La división de poderes se convirtió en un elemento constitutivo de prácticamente todos los nuevos estados tras la Revolución Francesa. No hay Estado de Derecho que funcione en la actualidad sin un sistema de contrapesos que, en forma progresiva, fue mejorando el funcionamiento de las instituciones para cumplir con sus objetivos.
Estos contrapesos se originaron tras la segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Al convertirse las constituciones de los países en defensoras de los derechos humanos, proteger su progresividad y el derecho pro persona, empezaron a surgir organismos autónomos, que si bien son parte del gobierno, se especializan en temas técnico-político-administrativo, para dar vigencia a los derechos humanos y a la toma de decisiones con mejores elementos.
Surgieron primero las comisiones de derechos humanos en los estados, y los tribunales especializados en diversas materias, así como agencias especializadas en temas de acceso información pública, protección de datos personales, telecomunicaciones, bancos centrales, auditorías superiores de revisión de cuentas, órganos de transparencia. En el caso mexicano, también de hidrocarburos y de energía, que ayudaban a mejorar la toma de decisiones de gobierno con información técnica y científica, con plena autonomía sobre otros criterios de otro tipo que encarecían o distorsionaban la mejor toma de decisiones.
Estos órganos autónomos mejoraron el acceso de medios de comunicación y de ciudadanos, académicos, investigadores a información sobre la toma de decisiones del gobierno, convirtiéndose así en contrapesos de la centralización del poder, y apoyando la profesionalización en temas especializados. Orientaron políticas públicas con mejores esquemas para su funcionamiento, adoptando decisiones y emitiendo información oportuna, veraz y adecuada para la toma de decisiones y conocimiento por la sociedad.
Esto implicó limitar al Ejecutivo Federal en decisiones sin fundamento técnico y científico para manejar los criterios de protección ambiental, combate a la pobreza, optimización del uso de la energía, regulación de concesiones de medios de comunicación, ampliando libertad de información; develación de información pública sobre obras y proyectos de la administración pública, entre otros aspectos.
En México, el Presidente Ernesto Zedillo llevó a cabo una reforma del Poder Judicial para hacerlo más autónomo e independiente a fin de cumplir las funciones de observancia de la constitucionalidad y la aplicación de las leyes, a fin de fortalecer el Estado de Derecho. En el Legislativo, desde 1977 hasta la fecha, se han llevado a cabo, por consenso, cambios en el ámbito electoral, para mejorar la competencia, fortalecer a los partidos políticos y garantizar la imparcialidad y la legalidad en los procesos electorales y sus resultados, a fin de acabar con los conflictos post electorales que paralizaban al país.
La alternancia se dio bajo estas condiciones de cambios electorales, que sin embargo, no tocaron el sistema político para limitar al propio Poder Ejecutivo, y avanzar hacia un régimen menos presidencialista y más participativo. Esto repercutió en el uso de la democracia y las elecciones como limitante de los contrapesos del Estado de Derecho, a favor de la nueva concentración del poder en el Ejecutivo Federal.
En varios países, el desgaste de los partidos políticos, la ineficiencia en el combate a la pobreza, y las propias reglas electorales, permitieron que muchos autócratas se apoderaran del Estado de Derecho y poco a poco fueran acabando con los contrapesos de organismos autónomos hasta llegar a imponerse a los poderes legislativo y judicial. Este proceso se ha dado en varios países del mundo y hoy vivimos una regresión de la democracia y las libertades, porque si bien la globalización y los mercados en este nuevo entorno, crecieron la riqueza, ésta no llegó a todas las regiones, ni a todas las personas.
Estamos frente a una nueva revolución, con las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, las nuevas cadenas productivas, la competencia comercial y los conflictos bélicos que amenazan al mundo con nuevas guerras de gran calado. La autocracia derivada de gobiernos populistas brinda a parte de la población la sensación de que hay mando y fuerza para tomar decisiones, incluso extremas. Así vemos el debilitamiento del Estado de Derecho.
Sin embargo, si partimos de que todas las constituciones tutelan los derechos humanos como objetivo esencial, el equilibrio de poderes y el funcionamiento de contrapesos deberían fortalecerse y no desaparecer. Porque un poder no debe tomar el mando violando los derechos humanos a la justicia, la libertad, la información, la igualdad, la democracia, la tolerancia, la pluralidad, la legalidad, la certeza jurídica, entre otros. Ni frenar su progresividad y el derecho pro persona, porque esos cambios acaban con los contrapesos y con la misión del Estado y su pacto social expresados en la Constitución. Ningún poder puede realizar esta expropiación del objetivo superior del Estado, proteger los derechos humanos.
Hay estados que pretenden ser democráticos, mantener los poderes y ciertos órganos autónomos, pero en la práctica anulan la participación política de minorías, y se erigen en autocracias que centralizan las decisiones y acaban con los contrapesos al ejercicio del poder público. Es la cultura política de un pueblo la que determina el grado de avance democrático, y ésta depende de la participación de la sociedad en la toma de decisiones que afectan su vida, sus derechos y su libertad.
Por eso los contrapesos en un Estado de Derecho moderno son esenciales para la vigencia de la democracia y de los derechos humanos.
