El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido el único en votar en contra de las leyes secundarias que regulan la Reforma Judicial, en particular del polémico mecanismo de la “tómbola judicial” para la elección de jueces. Durante la última sesión del Senado, los legisladores del PRI adoptaron una estrategia política para impedir la votación al ausentarse inicialmente, negando el quórum necesario. No obstante, regresaron al recinto para emitir su voto en contra, exigiendo una revisión exhaustiva del proceso, ya que consideran que este pone en riesgo la independencia y el profesionalismo del Poder Judicial.
La “tómbola judicial” ha sido uno de los aspectos más controversiales de la reforma. Este mecanismo propone que los jueces sean seleccionados de manera aleatoria, lo cual ha generado una ola de críticas no solo entre actores políticos, sino también dentro del mismo Poder Judicial. Jueces, magistrados y especialistas legales han advertido que este método podría comprometer la imparcialidad y la meritocracia que deben caracterizar la selección de jueces. Las leyes secundarias que regulan el mecanismo aún presentan inconsistencias, según algunos expertos, lo que podría debilitar la legitimidad del sistema judicial.
El PRI ha sido enfático en su rechazo al mecanismo, argumentando que la selección de jueces debe basarse en méritos profesionales, no en el azar, para garantizar que quienes ocupen estos cargos tengan la capacidad y preparación necesarias. Desde la perspectiva del PRI, la tómbola judicial representa un riesgo para la administración de justicia en México, al permitir que el destino de casos complejos caiga en manos de jueces elegidos sin criterios rigurosos de competencia. Esta postura contrasta marcadamente con el resto de las fuerzas políticas, que han apoyado el nuevo modelo con el argumento de que democratiza y agiliza el acceso a los cargos judiciales, especialmente para aquellos que históricamente no han tenido la oportunidad de competir por estas posiciones.
El contexto legislativo actual es delicado, ya que el Senado se encuentra preparando la convocatoria para las elecciones judiciales de 2025, en las que más de 5 mil aspirantes competirán por diversos cargos dentro del Poder Judicial. La implementación de la tómbola ha generado incertidumbre sobre si este modelo será capaz de garantizar un sistema de justicia eficiente y confiable. Además, se teme que este método pueda desincentivar la preparación profesional entre quienes buscan ingresar al Poder Judicial, sabiendo que el resultado dependerá del azar más que del esfuerzo.
A nivel internacional, la Reforma Judicial no ha pasado desapercibida. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó preocupaciones sobre el impacto que estos cambios podrían tener en la cooperación bilateral en temas de justicia. Salazar advirtió que la modificación de los métodos de selección judicial podría afectar negativamente los esfuerzos conjuntos en áreas clave, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, especialmente si la credibilidad y la eficacia del sistema judicial mexicano se ven comprometidas.
Ante este panorama, el PRI ha reafirmado su postura como defensor de la independencia judicial y la transparencia en los procesos de selección. Los legisladores del partido han señalado que las leyes secundarias no garantizan un proceso equitativo y abierto, y han advertido que si la tómbola se mantiene como mecanismo, el país podría enfrentar un debilitamiento en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones judiciales, lo que afectaría la credibilidad del Estado de derecho en su conjunto.
En tanto el Senado avanza en el proceso legislativo, la postura del PRI marca un fuerte contraste con el apoyo generalizado que han mostrado otras fuerzas políticas. La discusión sobre la tómbola judicial y sus posibles consecuencias seguirá siendo un tema central en la agenda política de cara a las elecciones judiciales de 2025, con implicaciones de gran envergadura para el futuro del sistema de justicia en México.
