Por unanimidad, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que reforma la Constitución Política en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial.
Con 38 votos a favor, los órganos legislativos que presiden los senadores Óscar Cantón Zetina, Martha Lucía Micher Camarena y Enrique Inzunza Cázarez, respectivamente, avalaron el documento que modifica los artículos 4, 21, 41, 73, 116 y 123 de la Carta Magna.
La presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, dijo que la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoce que toda persona tiene derecho a vivir libre de cualquier clase, tipo o categoría de violencias.
Explicó que el proyecto eleva a rango constitucional la obligación del Estado de garantizar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres, y reconoce que en nuestro país existe una diversidad de familias.
La legisladora subrayó que se establece que el Estado mexicano tiene un deber reforzado en tareas de seguridad pública, ya que tendrá que maximizar sus funciones cuando se trate de proteger a mujeres, adolescentes, niñas y niños.
Micher Camarena precisó que, con la propuesta, de ahora en adelante la actuación de las instituciones que comprendan el Sistema de Seguridad Pública se regirán, además de los ya previstos, por el principio de perspectiva de género.
Indicó que el principio de paridad de género deberá observarse cuando se lleven a cabo los nombramientos de las y los titulares del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios.
Además, agregó, la actuación de las instituciones de procuración de justicia de los estados se regirá por el principio de perspectiva de género; y se fija su obligación para que cuenten con fiscalías especializadas de investigación de delitos de violencias por razones de género.
Aunado a ello, se incorporan mecanismos laborales, tanto del apartado A como del B del artículo 123, para reducir y erradicar la brecha salarial.
Por Morena, Andrea Chávez Treviño consideró que la igualdad sustantiva que se proyecta incluir en la Constitución Política reconoce principalmente la garantía de vivir una vida libre de violencia, “me parece que es lo más importante, porque, cuando hablamos de seguridad, al decir que un parque es seguro para una mujer, eso lo hace un parque seguro para todas las personas”, expuso.
Mely Romero Celis, del PRI, señaló que esta reforma permitirá avanzar en la construcción de un marco legal que garantice que haya más mujeres en los puestos de toma de decisiones, cargos federales, estatales y, en el nivel más importante, que es el municipal.
En tanto, Virginia Marie Magaña Fonseca, del PVEM, dijo que el proyecto está encaminado a que las mujeres puedan ejercer sus derechos plenamente y eliminar las barreras que las han mantenido en una desventaja histórica.
Del PT, Alejandro González Yáñez consideró correcto el planteamiento para que se iguale el ingreso de las mujeres para acabar con la brecha salarial de género, pero también se debe trabajar para que en 2025 los pagos sean justos para toda la fuerza laboral.
Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano, destacó que nuestro país ha firmado tratados internacionales que le obligan a incrementar los derechos de la mujer, por lo que al garantizar en el artículo 21 constitucional su protección, México cumple con los “deberes reforzados” que el Estado debe tener con este grupo poblacional, como lo proponen la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y otros organismos.
Posteriormente, fueron aprobadas con 37 votos las reservas que presentó el senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, para incluir en el artículo 122, que la institución encargada de la procuración de justicia de la Ciudad de México también se rija por el principio de perspectiva de género.
Así como la adición de un artículo tercero transitorio para otorgar a las entidades federativas un plazo que no exceda de 180 días, a partir de la entrada del decreto, con la finalidad de que se establezcan disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los supuestos de egresos correspondientes, así como las atribuciones y obligaciones necesarias para garantizar los derechos que se reconocen en el decreto.
