La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma al artículo 2º de la Constitución Política, a fin de reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con respeto irrestricto a sus derechos humanos.
El documento, avalado en lo general con la unanimidad de 37 votos, y en lo particular por 36 votos, deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, e incluye diversas propuestas de diputadas y diputados.
El presidente de la Comisión, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) recordó que el artículo 2º, donde se introdujo un estatuto para los pueblos y comunidades indígenas, ha venido evolucionando, a tal grado que la propuesta del Ejecutivo fue complementada con iniciativas correlacionadas de diputadas y diputados; propone una Constitución de los pueblos y comunidades indígenas dentro del texto de la Carta Magna.
Mencionó que se han reordenado en apartados y fracciones sucesivas los diferentes conceptos que estructuran esta gran normatividad que reconoce la existencia y la preexistencia de los pueblos y comunidades indígenas, que da lugar a la formación y conformación de la nación mexicana.
En un primer apartado, dijo, lo que haría este nuevo artículo 2º es enunciar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a darse sus normas y todas sus reglas de organización, convivencia y desarrollo en variados ámbitos de su vida comunitaria.
El segundo apartado, correlativo del Estado mexicano que reconoce todos esos derechos, los asume correspondientemente, como una responsabilidad del Estado y se obliga a inducir, promover, gestionar y a proporcionar diferentes instrumentos, a través de acciones y políticas públicas de Estado, los ingredientes para la mejoría en todos los sentidos de la vida de los pueblos y comunidades indígenas, añadió.
Mientras que el tercer apartado, comentó, hace lo propio de manera resumida respecto a las comunidades afromexicanas, y el apartado cuarto resume derechos más específicos de las mujeres y los niños de las comunidades y pueblos indígenas, así como descendientes afromexicanos.
Indicó que una propuesta de reserva adiciona algunas cosas, como un postulado que complementa el preámbulo del artículo 2º. También, anunció que hoy se está publicando en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el catálogo completo, la nomenclatura y el listado de los pueblos y comunidades indígenas que se tienen registrados y conocidos en el país.
Intervención de diputadas y diputados
El diputado Iran Santiago Manuel (Morena) calificó este día como histórico, porque la reforma constituye un avance trascendental, ya que no hay una lucha más prolongada que la de los pueblos originarios; se les garantizan sus derechos para ser consultados cuando una medida legislativa o administrativa pueda afectarles. “Se salda esta deuda histórica al ser considerados como sujetos de derecho público y se reconoce su capacidad para tomar decisiones de manera colectiva y con pleno respeto a sus culturas e identidades”.
Vía Zoom, la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) dijo apoyar este pequeño paso que se da, pues no es una reforma que cubra todas las necesidades de los pueblos indígenas. “Invito a trabajar en una reforma más amplia que incluya todas sus preocupaciones para que queden plasmadas en la Constitución. Nuestro voto es a favor, pero tenemos que ser determinantes en que es una reforma incompleta”.
Eduardo Zarzosa Sánchez, diputado del PRI, mencionó que son muchos los beneficios de esta reforma de gran calado, pues por primera vez se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. “Hoy estamos de fiesta porque desde hace muchos años no se concretaba una reforma de tal envergadura. Reconocemos y aplaudimos el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios”.
Por el PVEM, el diputado Armando Antonio Gómez Betancourt estimó que el dictamen busca reparar las injusticias por las que han pasado los pueblos y comunidades indígenas, así como la población afromexicana; se les reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio e incluye a las mujeres indígenas. “Acompañamos gustosos y con beneplácito el dictamen. Votar a favor es un acto de justicia, igualdad y respeto hacia la diversidad de nuestra nación”.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) se congratuló porque se hace justicia social y jurídica a los pueblos originarios al reconocer que tendrán patrimonio propio y podrán participar dentro de sus modelos educativos. Pidió que en el futuro se generen condiciones para que puedan desarrollarse de manera plena y organizada. “Mi grupo parlamentario acompaña de forma contundente esta iniciativa”.
De MC, el diputado Braulio López Ochoa Mijares celebró la aprobación de esta reforma, ya que se salda una deuda histórica con las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, por lo que “se debe avalar de manera unánime. Será una gran señal hacia el reconocimiento de nuestra condición de nación multiétnica y pluricultural”.
En la reunión, representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas agradecieron a las y los diputados la aprobación de la reforma en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto, ya que garantiza sus derechos.
Mencionaron que es un gran avance y calificaron esta fecha como histórica, ya que salda la deuda que se tiene con los pueblos indígenas y afromexicanos, quienes han aportado conocimiento, tradiciones y cultura, y han sido vulnerados en sus derechos.
Discusión en lo particular
En la discusión en lo particular, se aceptó la reserva de la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, diputada Irma Juan Carlos (Morena), quien afirmó que con la propuesta se abona a que los derechos sean progresivos, reconoce al México pluricultural, pluriétnico y plurilingüe, además de que se salda la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos indígenas.
“Reconoce que la nación mexicana es única e indivisible basada en la grandeza de sus pueblos y culturas y que existe una política lingüística multilingüe. De ahora en adelante, en la implementación de políticas públicas se dejará atrás una imposición de una visión de vida individualista para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, añadió.
Puntualizó que la iniciativa cubre todos los requisitos legales en la materia, toda vez que proviene de un amplio proceso de consulta que estuvo a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Al hablar sobre la reserva aceptada, participaron los diputados Manuel Vázquez Arellano (Morena), Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), Santiago Torreblanca Engell (PAN) y Azael Santiago Chepi (Morena), así como la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena).
La diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) y los diputados Braulio López Ochoa Mijares (MC), Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) y Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) presentaron reservas, mismas que no fueron aceptadas a discusión.
Aspectos del dictamen
El dictamen establece que la nación mexicana tiene una composición multiétnica. Reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Precisa que la jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del orden jurídico vigente, en los términos de la Constitución y las leyes aplicables.
Menciona que los pueblos y comunidades indígenas podrán participar, en términos del artículo 3º constitucional, en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje.
También, desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio. Se reconoce a las personas que las ejercen, incluidos sus saberes y prácticas de salud.
Las personas indígenas tendrán, en todo tiempo, el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, y diversidad cultural y lingüística.
Asimismo, ejercer su derecho al desarrollo integral con base en sus formas de organización económica, social y cultural, con respeto a la integridad del medio ambiente y recursos naturales; ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas.
Indica que los pueblos y comunidades afromexicanas se integran por descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano, trasladados por la fuerza, asentados en el territorio nacional desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural, que afirman su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas.
Los pueblos y comunidades afromexicanas, argumenta, tendrán el carácter de sujetos de derecho público, y tendrán derecho a la protección de su identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y de todos los elementos que integran su patrimonio cultural, material e inmaterial y su propiedad intelectual colectiva, en los términos que establezca la ley.
De igual modo, la promoción, reconocimiento y protección de sus conocimientos, aportes y contribuciones a la historia nacional y a la diversidad cultural de la nación, en las modalidades y niveles del Sistema Educativo Nacional, y ser incluidos en la producción y registros de datos, información, estadísticas, censos y encuestas oficiales, para lo cual las instituciones competentes establecerán los procedimientos, métodos y criterios respecto de su identidad y autoadscripción.
También, se reconoce y asegura el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en la toma de decisiones de carácter público, en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de la tierra y demás derechos humanos.
Se reconoce y garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígenas y afromexicanos a una atención adecuada, en sus propias lenguas, para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a las tecnologías, al arte, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo, entre otros. Asimismo, para garantizar una vida libre de exclusión, discriminación y violencia, en especial de la violencia sexual y de género.
Establece que la Federación, las entidades federativas y los municipios adoptarán las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Constitución, con el propósito de eliminar discriminación, racismo, exclusión e invisibilidad de las que sean objeto las comunidades y pueblos indígenas y afroamericanos.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas en sus ámbitos de competencia fijarán las características de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en el marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, así como las bases y mecanismos para asegurar su reconocimiento como sujetos de derecho público, con respeto irrestricto a los derechos humanos.
